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Ferrajoli: Hay intereses muy fuertes para mantener las drogas prohibidas

Fuente: pagina12.com.ar
jueves, 12 de junio de 2008
Entrevista a Luigi Ferrajoli, Padre del Garantismo Penal. Por Carlos Rodríguez [Página/12]. Es uno de los principales teóricos del garantismo en materia penal. Aquí, sus reflexiones sobre drogas, despenalización, derecho, globalización y libertades. “La legislación antidroga que se ha desarrollado en el mundo, bajo la presión de Estados Unidos, es totalmente irracional. Sólo produce criminalidad y no produce la disminución del consumo.” El jurista italiano Luigi Ferrajoli, padre de la teoría del garantismo penal, en una entrevista con PáginaI12 se manifestó a favor de la legalización de las drogas. “La legalización podría producir un aumento del consumo al principio, durante un breve tiempo, pero después se produciría una disminución”, opinó Ferrajoli, quien se mostró de acuerdo además con la despenalización de la tenencia de droga para consumo. Lamentó, por otra parte, que el garantismo se haya desarrollado “exclusivamente frente a los poderes públicos”, cuando debería poner freno “a los poderes privados que, sin derecho, pueden desarrollarse en forma salvaje e ilimitada”. Puso como ejemplos “la confusión que hay entre libertad de prensa y propiedad de los medios”, así como el avance de las empresas multinacionales sobre los recursos naturales de los pueblos más débiles. “Creo que es necesario señalar el carácter suicida de esta falta de límites frente a las empresas privadas” porque, concluyó, “al contrario de otras catástrofes del pasado, puede que hoy no estemos a tiempo de decir, una vez más, ‘nunca más’”. Ferrajoli viajó a Buenos Aires para dejar inaugurado el III Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), financiado por el programa Eurosocial Justicia de la Comisión Europea y organizado por la Defensoría General de la Nación, cuya titular es Stella Maris Martínez, a su vez coordinadora general de la Aidef (ver aparte). –A fines de los noventa usted decía que el garantismo era una palabra nueva en el léxico jurídico porque se había incorporado veinte años antes, en Italia, al Derecho Penal. ¿Cómo es hoy la situación a nivel universal? –El garantismo es una expresión acuñada en los setenta, en Italia, en el terreno del Derecho Penal. Sin embargo, puede ser extendido como paradigma teórico a las garantías de todos los derechos fundamentales, no sólo del derecho de libertad en materia penal sino también en los derechos sociales. Y no solamente frente a los poderes públicos sino también frente a los poderes privados. Y no solamente frente al poder de un Estado sino también frente a los poderes internacionales. –Usted afirma que hay expansiones del garantismo que deberían ser tomadas en cuenta en forma urgente. ¿A qué cuestiones se refiere? –Una de las expansiones es en dirección de los derechos sociales. Otra es en dirección de los poderes privados que la tradición liberal siempre ha confundido con las libertades cuando son cosas diferentes. Por ejemplo, se confunde lo que es la propiedad de los medios y lo que es la libertad de prensa. O también el poder del mercado, que es un poder al que se pone por encima de los derechos civiles. El garantismo se ha desarrollado exclusivamente frente a los poderes públicos, como expresa el estado de derecho, en vez de manifestarse también frente a los poderes privados. El derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente no tienen un diseño constitucional. Estas expansiones deben ser estructurales. –Hay una tercera expansión de la que usted habla. –La tercera expansión es el derecho internacional. Nosotros tenemos muchas cartas internacionales: declaración de derechos, convenciones, pactos, pero sin garantías. Sobre este vacío de garantías, el poder privado y de las grandes empresas privadas llenan el vacío de garantías públicas. Esto permite que los poderes privados, sin derecho, puedan desarrollarse en forma salvaje e ilimitada. –Volviendo sobre el tema de la libertad de prensa, en Argentina, en algunos momentos históricos, hasta puede ser menos complicado trabajar con cierta libertad en un medio de prensa estatal que en uno privado. –Esto también ocurre en Italia y es signo de la importancia de los conceptos teóricos. Esto es el fruto de una confusión conceptual que deviene de hablar de “libertad de prensa” cuando en realidad es “libertad de la propiedad de los medios”. La polémica que se dio en Italia, sobre el monopolio de los medios por parte de (Silvio) Berlusconi, ha hecho hincapié sobre el pluralismo de la propiedad, que es un valor que debe ser garantizado, naturalmente. Pero yo creo que se debe también afirmar la separación entre libertad de prensa, es decir la libertad de los periodistas para informar, de la propiedad de los medios. La propiedad no debería tener influencia en la opinión de los periodistas y no debería haber nadie que tenga más de una red de televisión o más de un periódico. Esto debería ser garantizado por ley. Si no ocurre eso, son sólo garantías de papel, que no tienen aplicación real. –Estuvo reunido con el ministro Aníbal Fernández y habló con él sobre el proyecto de despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. ¿Cuál es su opinión sobre esa iniciativa? –La legislación antidroga que se ha desarrollado en el mundo bajo la presión de Estados Unidos es totalmente irracional. Esto sólo produce criminalidad y no la disminución del consumo. El prohibicionismo significa afirmar el monopolio criminal del mercado de la droga, que produce, en forma inevitable, criminalidad grande y pequeña, en este caso de los pequeños vendedores de droga. Esta criminalidad ejerce una presión sobre todos los jóvenes que la legalización de la droga no produciría. Existe un interés de los pequeños consumidores-vendedores de corromper a otros jóvenes. Esto está ligado a la presión de los grandes monopolios de la droga. Todo eso lleva a que la represión caiga sobre la mano de obra barata y no sobre las grandes empresas. –¿La legalización de la droga sería la solución al problema? –Es posible que la legalización, en un breve primer momento, produzca un aumento del consumo, pero en el largo plazo produzca una disminución, porque ya no estaría la presión y la corrupción sobre los consumidores, que deben convencer a sus propios compañeros de que consuman. –¿Qué opinión tiene sobre el proyecto argentino de despenalización? –Yo no he leído el proyecto, no conozco el detalle. Me ha parecido que el ministro tiene una política muy racional. Uno de los pasos a dar, en el combate contra las drogas, es disponer la inimputabilidad del consumo. Es un principio clásicamente liberal el decir que “los actos contra sí mismo no son punibles”. Cada uno es soberano sobre su persona. La criminalización sólo empeora el problema. Otra medida podría ser la de diferenciar droga pesada de droga liviana. Lo importante es disminuir el daño. Y para eso, el Derecho Penal no es una varita mágica. –Tengo entendido que también se interesó por el plan de desarme de la sociedad civil que se está llevando a cabo. –Una política importante sería la de ilegalizar el uso de armas. Las armas deberían ser consideradas, más que la droga, bienes ilícitos. Las armas son destinadas a matar, producen guerra y criminalidad. ¿Por qué no hablar del arma-tráfico en lugar de hablar tanto del narco-tráfico? –Antes hablaba de la “irracionalidad” de la política en materia de drogas que impulsa Estados Unidos. ¿Es posible hacer cambios de fondo para terminar con las drogas y las armas cuando son dos negocios fabulosos? –Es legítima la sospecha de que hay intereses muy fuertes para sostener el prohibicionismo de las drogas. Es increíble, porque Estados Unidos tiene experiencias de prohibicionismo, en los años ’20, lo que ha producido el gangsterismo, lo que ha producido una criminalidad feroz. –Usted habla de la relación entre Derecho y globalización. –Es importante analizar cómo se puede utilizar el Derecho para neutralizar los efectos negativos de la globalización. La globalización se caracteriza como un vacío del derecho público, un vacío de garantías de los derechos fundamentales. Nosotros tenemos los pactos de derechos humanos, muchas convenciones interamericanas, europeas, africanas. Tenemos muchas cartas y declaraciones, pero son derechos de papel si no existen leyes que permitan su aplicación práctica. –¿Cómo se frena una globalización que, en muchos aspectos, está llevando a la destrucción del ambiente, como ocurre en la Argentina con las empresas que explotan minas a cielo abierto? –Hay una total falta de límites para las empresas que pueden devastar el medio ambiente y los recursos naturales. Las empresas encuentran, entre los grandes lineamientos nacionales de los países, cuáles son los más vulnerables. De ese modo pueden decidir en cuál de los países existen leyes o ellos las pueden imponer, mediante las cuales se puede explotar el trabajo, destruir el medio ambiente o corromper a los gobernantes. Esto se llama, como un eufemismo, la “competencia” entre los ordenamientos nacionales más benignos y los ordenamientos de las empresas. Esto sólo es bueno para las empresas, que aprovechan los Estados con una legislación menos garantista. –En Argentina hubo protestas de las comunidades afectadas, con éxito o sin él, para evitar la destrucción de los recursos naturales, pero las empresas siguen destruyendo el ambiente. –Son procesos difíciles, de largo plazo. Sólo las luchas sociales pueden evidenciar la violación de los derechos, la inconstitucionalidad de lo que está sucediendo. Es necesario señalar el carácter suicida de esta falta de límites frente a las empresas privadas. Este es el único planeta que tenemos. Respecto de las grandes catástrofes del pasado, hoy existe una diferencia: podemos no estar a tiempo de decir, una vez más, “nunca más”. –Es como decir que hay riesgo de que nunca más podamos decir “nunca más”. –Bravo. Les dijimos “nunca más” al fascismo, “nunca más” a la dictadura, “nunca más” a la destrucción del planeta, “nunca más” a la desigualdad que produce millones de muertes. Ahora podríamos no estar a tiempo para tomar decisiones que paren lo que está ocurriendo. Ricos y pobres, derechos diferentes “Se está produciendo, de manera sorprendente, una duplicación del derecho penal: derecho mínimo y tolerante para los ricos y potentes; derecho máximo e inflexible para los pobres y los marginados.” En su conferencia de apertura del III Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, el jurista Luigi Ferrajoli consideró “doloroso y doliente” lo que llamó “el acceso o mejor decir, el no acceso, a la Justicia de los sujetos débiles por razones sociales, o de género, o de edad, o de otras condiciones personales y sociales”. Ferrajoli habló de la “extrema desigualdad de las personas frente a la Justicia”, lo que sumado a la prolongación de los procesos “deriva, para las personas más pobres, en una denegación de justicia”. Ferrajoli sostuvo que los juicios públicos se han transformado “en un lujo reservado a quienes disponen de costosas defensas”. Sobre la ejecución de la pena de los condenados, dijo que para obtener la libertad condicional “más que la buena conducta” se toman en cuenta “criterios como las posibilidades de ocupación, la familia, el grado de instrucción y similares que excluyen, por ejemplo, a los inmigrantes clandestinos y claro, reproducen y acentúan las desigualdades sociales y de oportunidad”. También cuestionó, como factor de la “creciente desigualdad”, el carácter “siempre más marcadamente clasista de la Justicia penal en todos los países occidentales: desde Italia a la Argentina y el Brasil y a los otros países latinoamericanos; desde Estados Unidos a los demás países europeos”. Por eso las cárceles están llenas de “sujetos pobres y marginados, inmigrantes, negros, toxicodependientes, detenidos por pequeños delitos contra el patrimonio”. Consideró que se trata de “una prisionalización en masa de los pobres, debida a una degeneración clasista de la Justicia penal y fuertemente sostenida por una ideología de exclusión que criminaliza a los pobres, los marginales o peor aún, a los que se considera ‘diferentes’ –el extranjero, el islámico, el inmigrante clandestino– bajo la insignia de una antropología racista de la desigualdad”. Todo se está dando, dijo Ferrajoli, con la ayuda de “políticas interesadas solamente en reflejar y amplificar los miedos y los humores represivos presentes en nuestras sociedades”, cuando en realidad “las estadísticas históricas sobre criminalidad demuestran que el número de los delitos, especialmente en contra de las personas –homicidios, violencias, violaciones, lesiones– han disminuido, en proporción a la población, respecto de décadas pasadas, y más aún respecto de un siglo atrás”. Dijo que sólo se combate “la criminalidad de la calle” y no la de “los poderosos, la corrupción, los falsos balances de empresas, los fondos negros y ocultos, la evasión y los fraudes fiscales”, entre otros. Una vida por el garantismo Luigi Ferrajoli nació en Florencia en el año 1940. Tuvo actuación como juez entre los años 1967 y 1975, vinculado con un grupo conocido como Magistratura Democrática. Desde 1970 fue profesor de Filosofía del Derecho y de Teoría General del Derecho en la Universidad de Camerino. En la actualidad se desempeña en la Universidad de Roma Tree. Uno de sus primeros libros fue Democracia autoritaria y capitalismo maduro, en colaboración con Danilo Zolo. La obra fue editada en el año 1978. Su libro más famoso es Derecho y razón, teoría del garantismo penal, que fue editado en español en el año 1995. Es considerado uno de los mejores manuales contemporáneos de Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Otros libros suyos son Derechos y garantías, la ley del más débil; Los fundamentos de los derechos fundamentales; Razones jurídicas del pacifismo y Garantismo, una discusión sobre derechos y democracia. Colaboró en la redacción de otras obras, como Teoría del neoconstitucionalismo y La renta básica como Nuevo derecho ciudadano. Escribió numerosos ensayos sobre teoría del derecho, lógica jurídica, metodología de la ciencia jurídica y crítica del derecho. Ferrajoli ha dicho que “el miedo es un fuerte factor de legitimación política de los giros autoritarios” y que “siempre que existe un déficit de legitimidad política se recurre a las campañas de orden”.

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